Esta es la práctica que se le prohibirá a los vigilantes de conjuntos residenciales. La decisión tomada afectará a cientos de residentes.
Foto: Redes sociales
A pesar de los avances implementados en materia laboral en Colombia, los vigilantes de conjuntos residenciales, enfrentan a menudo la presión de prácticas inapropiadas o ilegales impartidas por algunas administraciones.
Cabe resaltar que una práctica común que es objetivo de prohibición legal es aquella que busca impedir que algunos residentes retiren sus pertenencias (trasteo o mudanza) cuando tienen deudas con la administración.
Esta es una práctica común que vulnera los derechos fundamentales, contraviene la Ley 675 de 2001 y que regula el régimen de propiedad horizontal.
¿Qué dice la norma?
La ley dice que si bien el residente debe pagar oportunamente las cuotas de administración, la mora en dichas obligaciones no faculta la administración ni a los vigilantes para imponer sanciones que vulneren los derechos de propiedad o de libre movilidad de los copropietarios.
La Notaría 19 aclara que la ley de propiedad horizontal prohíbe expresamente a los administradores retener bienes de mudanza a residentes en mora. La normativa vigente establece que el único efecto del retraso en el pago es la generación de intereses de mora, cuyo valor puede ascender hasta una vez y media el interés bancario corriente, a menos que la asamblea defina una tasa menor.
Además, las funciones del personal de seguridad son limitadas: deben enfocarse estrictamente en la vigilancia, la protección de las instalaciones y la atención a riesgos. Por ende, la vigilancia no tiene autoridad para ejecutar medidas coercitivas por deudas económicas. En conclusión, ni el personal de seguridad puede impedir la mudanza de un residente moroso, ni la administración puede ordenar dicha restricción. Intentar retener las pertenencias constituye una vulneración de derechos y podría acarrear sanciones legales.
¿Qué es la Ley del Vigilante?
La Ley 1920 de 2018, o Ley del Vigilante, es el instrumento que protege y reconoce la labor del personal de vigilancia en Colombia, definiendo las responsabilidades de las empresas del sector. Una de sus obligaciones principales es la contratación de un seguro de vida colectivo con vigencia anual para todo su personal operativo.
Si bien la remuneración de los vigilantes en las propiedades horizontales se cubre mediante las cuotas de administración, la Ley del Vigilante establece una regla clara y diferente para el seguro de vida: la responsabilidad de su pago recae exclusivamente en las empresas de vigilancia. Esta disposición exime a los residentes, administradores o contratistas de asumir dicho valor. La norma clasifica este seguro como un costo directo, por lo cual la Superintendencia de Vigilancia debe incluirlo obligatoriamente en la estructura de costos al determinar el régimen anual de tarifas mínimas para el sector.
Ahora que sabes cuál es la práctica que se le prohibirá a los vigilantes de conjuntos residenciales¿Qué opinas? Escribe lo que piensas en los comentarios de nuestras redes, ¡y dale compartir!
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