Tras la contundente orden del presidente Gustavo Petro de depurar el sistema de salud, una EPS aparece como la primera en la lista para perder su licencia, en medio de cuestionamientos por su desempeño y múltiples quejas de usuarios.
Foto: Redes sociales
El Gobierno nacional volvió a encender el debate sobre el sistema de salud en Colombia tras una nueva orden del presidente Gustavo Petro, quien pidió tomar medidas drásticas frente a las EPS con bajo desempeño. La instrucción apunta directamente a retirar la licencia de aquellas entidades que acumulen más quejas por parte de los usuarios.
Orden del Gobierno para depurar el sistema de salud
De acuerdo con lo anunciado, la Superintendencia Nacional de Salud deberá avanzar en la revocatoria de autorización de funcionamiento de las EPS que presenten fallas reiteradas en la atención, problemas financieros o un manejo inadecuado de los recursos.
La medida se sustenta en el Decreto 780 de 2016, normativa que permite este tipo de sanciones cuando las entidades incumplen de manera sistemática sus obligaciones. En caso de aplicarse, las EPS afectadas no podrán seguir operando ni administrar dineros del sistema, mientras se reorganiza la atención de sus afiliados.
Entre las entidades señaladas se encuentra Coosalud, que estaría dentro del grupo priorizado por el alto número de reclamaciones.
Tras la contundente orden del presidente Gustavo Petro de depurar el sistema de salud, una EPS aparece como la primera en la lista para perder su licencia, en medio de cuestionamientos por su desempeño y múltiples quejas de usuarios.
Choque con la justicia por caso Coosalud
La decisión del Ejecutivo se da en medio de un nuevo pulso con la justicia. El Tribunal Administrativo de Bolívar suspendió la intervención que el Gobierno había ordenado en noviembre de 2024 sobre Coosalud y solicitó devolver la administración a sus antiguos directivos.
Frente a este fallo, el presidente Petro reaccionó con dureza, calificándolo como una “aberración” y asegurando que los magistrados estarían favoreciendo intereses vinculados a hechos de corrupción.
Este nuevo episodio profundiza la tensión entre el Gobierno y algunos sectores judiciales, mientras avanza la discusión sobre el futuro del sistema de salud en el país.
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