La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por 10 años de un subintendente de la Policía Nacional tras encontrarlo responsable de una conducta indebida de naturaleza sexual contra una menor de edad. La decisión quedó en firme luego de que el organismo de control resolviera un recurso de apelación presentado por la defensa del uniformado.
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El caso ha generado rechazo debido a que los hechos habrían ocurrido dentro de una estación de Policía y en medio de actividades relacionadas con el servicio social que realizaba la adolescente.
Procuraduría confirmó la sanción
La medida disciplinaria recayó sobre Yimy Rodríguez Bolívar, quien se desempeñaba como subintendente de la Policía Nacional y estaba adscrito a la Estación de Policía de Arcabuco, en el departamento de Boyacá.
Según la Procuraduría, el uniformado fue hallado responsable de realizar actos de carácter sexual contra una menor de 15 años cuando esta se encontraba desarrollando actividades de servicio social dentro de las instalaciones policiales.
Tras analizar el caso, el organismo de control decidió confirmar en segunda instancia la destitución e inhabilidad general por diez años, dejando en firme la sanción que había sido impuesta inicialmente por la Oficina de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento 1 del Departamento de Policía de Boyacá.
La decisión representa una de las sanciones más severas contempladas dentro del régimen disciplinario para funcionarios públicos.
Los hechos por los que fue sancionado
De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades disciplinarias, el uniformado habría realizado tocamientos de carácter sexual a la adolescente mientras ella cumplía labores relacionadas con su servicio social.
La Procuraduría concluyó que existían suficientes elementos probatorios para establecer la responsabilidad disciplinaria del funcionario y determinó que su conducta constituyó una falta gravísima.
Además, el organismo señaló que los hechos ocurrieron aprovechando el contexto en el que la menor se encontraba desarrollando actividades dentro de la institución policial.
Por esa razón, la conducta fue calificada como una infracción de máxima gravedad dentro del régimen disciplinario vigente.
La defensa apeló la decisión
Durante el proceso, la defensa del uniformado presentó un recurso de apelación argumentando presuntas irregularidades en la actuación disciplinaria.
Entre los cuestionamientos planteados se encontraban supuestas falencias probatorias y una posible vulneración al debido proceso.
Sin embargo, la Procuraduría descartó dichos argumentos tras revisar nuevamente el expediente y concluyó que la investigación se desarrolló conforme a la normativa vigente.
El Ministerio Público sostuvo que las pruebas recopiladas durante el proceso permitieron establecer de manera suficiente la responsabilidad disciplinaria del funcionario.
Por esta razón, decidió mantener la sanción y ratificar la destitución e inhabilidad impuesta en primera instancia.
Otro caso involucra a un miembro del Ejército
La Procuraduría también informó sobre otra sanción disciplinaria relacionada con presuntos actos de violencia sexual dentro de las Fuerzas Militares.
En esta ocasión, el sancionado fue David Esteban Mallama Cadena, cabo primero del Ejército Nacional, quien fue separado de la institución e inhabilitado por diez años para ejercer cargos públicos.
Según la investigación, el uniformado habría incurrido en conductas de acoso sexual y actos de violencia sexual contra varios soldados que estaban bajo su mando.
Los hechos habrían ocurrido entre agosto y noviembre de 2024 en el municipio de Calamar, departamento del Guaviare.
Abuso de autoridad y conductas no consentidas
De acuerdo con la Procuraduría, el militar habría aprovechado su posición jerárquica para realizar comportamientos físicos y verbales de connotación sexual que no contaban con el consentimiento de las víctimas.
La investigación también estableció que uno de los casos involucró tocamientos de carácter sexual contra un soldado profesional.
Tras evaluar el material probatorio, la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Guaviare concluyó que las conductas constituían faltas gravísimas cometidas a título de dolo.
Como consecuencia, decidió imponer la destitución e inhabilidad por diez años, una sanción similar a la aplicada en el caso del subintendente de la Policía.
No obstante, la defensa del uniformado presentó un recurso de apelación, por lo que el caso continuará su trámite dentro de las instancias correspondientes.
Procuraduría reiteró mensaje contra la violencia sexual
Con estas decisiones, la Procuraduría reiteró su posición frente a los casos de violencia sexual que involucran a servidores públicos y miembros de la fuerza pública.
El organismo ha insistido en la necesidad de garantizar entornos seguros para menores de edad, ciudadanos y personal subordinado dentro de las instituciones del Estado.
Asimismo, recordó que cualquier conducta que implique abuso de autoridad, acoso o violencia sexual será objeto de investigación y podrá derivar en sanciones disciplinarias severas.
Los dos casos conocidos en las últimas horas vuelven a poner sobre la mesa la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y protección frente a este tipo de hechos, especialmente cuando involucran a funcionarios encargados de velar por la seguridad y el bienestar de la población.
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