La Gobernación de Cundinamarca tomó una decisión de alto impacto administrativo tras el caso de la menor Valeria Afanador, ocurrido en Cajicá en agosto de 2025.
Foto: Tomada de publicación de busqueda de los padres (22/06/2026)
La medida incluye la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe.
La determinación se suma al proceso penal que avanza en la Fiscalía y que ya tiene en la mira a docentes y directivas del plantel educativo.
Una decisión administrativa de alto impacto
A través de la Resolución 004627 de junio de 2026, la Gobernación de Cundinamarca declaró responsable al colegio por una presunta infracción grave a las normas que regulan la prestación del servicio público educativo.
La decisión también cobija a la rectora del plantel, Sonia Ochoa Daza, señalada dentro del proceso administrativo que evalúa posibles fallas en los protocolos de seguridad y vigilancia institucional.
Aunque la resolución aún no está en firme, el documento establece el cierre progresivo de operaciones del colegio al finalizar el calendario escolar, lo que implica su salida definitiva del sistema educativo en el corto plazo.
El caso Valeria Afanador y el avance de la investigación
El proceso judicial por la desaparición y muerte de Valeria Afanador continúa en curso y ha abierto dos frentes: el administrativo y el penal.
De acuerdo con la información del caso, la Fiscalía General de la Nación ya tiene elementos que apuntan a la posible imputación de cargos contra dos docentes del plantel educativo.
Las autoridades analizan presuntas omisiones en los deberes de custodia y vigilancia el día en que la menor desapareció dentro de las instalaciones del colegio.
La hipótesis de la “comisión por omisión”
Uno de los puntos centrales del proceso judicial es la figura de la “comisión por omisión”, que será clave en la definición del caso.
Según la investigación, Medicina Legal determinó que la menor falleció por ahogamiento en el río Frío, sin evidencias de violencia física.
Bajo ese contexto, la representación legal de la familia sostiene que existió una posible falla en la posición de garante del colegio, al no activar alertas oportunas cuando la menor salió del perímetro escolar.
Este punto será determinante en el avance del proceso penal que ahora toma mayor fuerza tras la decisión administrativa.
El colegio y su ubicación bajo la lupa
Otro elemento que ha generado debate dentro del caso es la ubicación del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe.
El colegio está ubicado a menos de 50 metros del río Frío, una zona que ha sido señalada por su nivel de riesgo y la falta de barreras de protección adecuadas.
Este factor ha sido mencionado por la parte civil como un elemento clave dentro del análisis de responsabilidades, especialmente por la cercanía del afluente a las zonas donde se desarrollaban actividades escolares.
Incluso, la ubicación ha motivado la apertura de una línea de investigación paralela relacionada con posibles afectaciones ambientales.
Cruce entre lo administrativo y lo penal
La decisión de la Gobernación no solo implica el cierre del colegio, sino que también ordena enviar copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación.
Con esto, las autoridades buscan que se evalúen posibles responsabilidades adicionales dentro del ámbito penal, especialmente en lo relacionado con la actuación de la rectora del plantel.
Este cruce entre lo administrativo y lo judicial marca un punto de quiebre en el caso, que ahora avanza con mayor presión sobre las directivas de la institución.
La defensa del colegio y el debate jurídico
La defensa del Gimnasio Campestre Los Laureles, encabezada por el abogado Francisco Bernate, ha cuestionado la solidez de las imputaciones que prepara la Fiscalía.
Según la defensa, existirían inconsistencias en la vinculación temporal de algunos docentes dentro del proceso de investigación.
Sin embargo, con la decisión administrativa ya adoptada y el avance del expediente penal, el caso entra en una etapa decisiva en la que se definirá la responsabilidad de la institución.
Un caso que deja preguntas abiertas en la educación
Más allá de las decisiones judiciales y administrativas, el caso de Valeria Afanador ha abierto un debate nacional sobre la seguridad en instituciones educativas.
La discusión se centra en los protocolos de vigilancia, la responsabilidad de los colegios y los límites de la supervisión en entornos escolares.
Mientras avanza el proceso, el caso sigue generando impacto en la opinión pública y se mantiene como uno de los más sensibles del sistema educativo reciente en Colombia.
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