CURIOSIDADES

¿Quién es el hacker que chuzaba el proceso de paz?

Andrés Sepúlveda no se imaginaba que algún día fuera tan famoso y menos por hacer interceptaciones ilegales, lo que todo el mundo ahora se pregunta es ¿para quién hacia este trabajo?

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, develó en rueda de prensa este martes los pormenores del allanamiento que horas antes protagonizaron 20 efectivos del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) a una oficina ubicada en el norte de Bogotá en la que, al parecer, operaba una central donde se interceptaban comunicaciones de manera ilegal, y en la que, además, habrían ‘chuzado’ al presidente, Juan Manuel Santos.

El alto funcionario apuró una rueda de prensa este martes para despejar las dudas ante esta ocupación. Lo hizo forzado también por versiones que indicaban que en esa oficina se trabajaba para una campaña política, pero no se ha dicho a ciencia cierta qué tipo de oficios se desempeñaba allí.

“Queremos establecer quiénes eran los destinatarios de la información que aquí se lograba”, declaró.

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Montealegre aseguró que en el sitio se manipulaban ilícitamente correos electrónicos cuya finalidad era la de interferir y afectar el proceso de paz en La Habana, Cuba. El fiscal dijo que allí se interceptaron correos del jefe de prensa de las FARC, un correo institucional del Gobierno y dos periodistas cubanos que cubren el proceso.

Y lo más grave, según la información que tienen los investigadores, es que desde esa oficina se habría interceptado correos electrónicos al presidente de la República, Juan Manuel Santos.

Montealegre manifestó que la persona capturada es Andrés Fernando Sepúlveda, en cabeza de quien estaba la oficina. A él le imputarán violación ilícita de comunicaciones, interceptación de datos informáticos y espionaje, estaba obteniendo secretos políticos la mesa de diálogos.

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“En la oficina tenían las bases de datos de la guerrilla”, dijo Montealegre, quien añadió que no se trata de una oficina de inteligencia estatal. Concluyó también que lo hallado puede ser peor que lo encontrado por la Fiscalía en la fachada ‘Andrómeda’ hace tres meses, en el barrio Galerías de Bogotá.

Los primeros datos indican que este hombre, ingeniero de profesión y quien habría trabajado para el Partido de La U, es esposo de la comunicadora y actriz Lina Luna Rodríguez quien trabaja para la campaña del candidato Óscar Iván Zuluaga.

Semana.com indagó en la hoja de vida de ella y supo que trabaja en asesorías y estrategias. Entre el 2011 y 2013, trabajó en la oficina del estratega venezolano J. J. Rendón y durante tres más, fue socia de la empresa Marketing & Management Consulting. También fue asesora en el Senado y directora del Encuentro Nacional de Líderes Universitarios durante dos años.

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Minutos después de conocerse esta información, la oficina de comunicaciones del candidato Zuluaga rechazó cualquier vínculo que se pretenda tejer entre la campaña y las actividades ilegales que desde esa oficina en el norte de Bogotá se adelantaran.

En el comunicado explican: “Desde el pasado mes de enero y antes de iniciarse la campaña presidencial recibimos asesoría de la actriz Lina Luna para la elaboración de mensajes concretos de campaña y para transmitir en lenguaje sencillo las propuestas programáticas. Luego, en el mes de febrero, Lina Luna ofreció un equipo de trabajo para apoyar la campaña en redes sociales y seguridad informática, liderado por su esposo Andrés Sepúlveda; un equipo creativo y publicitario encabezado por su cuñado Luis Carlos Sepúlveda y un apoyo en coordinación de equipos regionales por Jorge Ardila, tío de su esposo y de su cuñado”.

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La campaña agrega que “durante estos tres meses este grupo familiar ha desarrollado las tareas convenidas a plena satisfacción de la campaña y sin ninguna queja de parte nuestra. Por lo tanto, manifestamos nuestra sorpresa mayúscula ante la posibilidad de que un acto ilegal se hubiera ejecutado en una de las oficinas desde donde prestaban sus servicios”.

En el comunicado el equipo político de Zuluaga también rechaza “cualquier utilización que se pretenda hacer en el marco de la campaña electoral de los hechos denunciados. Que no se quiera confundir a la opinión pública para desviar la atención sobre las graves denuncias de los últimos días. Si alguien ha cometido un delito que lo castiguen y toda posible actuación ilegal que no quede en la impunidad”.

Fuente: Semana

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