Una de las principales entidades con más afiliados del país alertó que los embargos judiciales podrían afectar su operación, dejando en riesgo la atención de pacientes y la entrega de medicamentos en cientos de instituciones y farmacias a nivel nacional.
Foto: Redes sociales
El sistema de salud en Colombia es un modelo mixto que combina la participación del sector público y privado, y funciona bajo los principios de aseguramiento universal y equidad en el acceso.
Establecido a través de la Ley 100 de 1993, el sistema está estructurado en dos regímenes principales: el contributivo, para quienes tienen capacidad de pago (trabajadores formales, independientes, empleadores), y el subsidiado, dirigido a personas sin recursos suficientes para cotizar.
Aunque ha permitido ampliar la cobertura —superior al 95 % de la población—, el sistema enfrenta desafíos persistentes como la calidad en la atención, la oportunidad en los servicios, la sostenibilidad financiera y las deudas entre EPS, IPS y el Estado.
A pesar de los avances, las reformas continúan siendo un tema de debate nacional, debido a la necesidad de garantizar un acceso más justo, oportuno y eficiente a la salud para todos los colombianos.
Reconocida EPS anunció riesgo de sus operaciones
Nueva EPS cuenta actualmente con 11 millones de afiliados, esto después de haber emitido un comunicado asegurando que la operación de la entidad prestadora del servicio de salud está comprometida.
Cabe resaltar que la EPS cuenta con una participación del Gobierno nacional dentro de sus propietarios, por lo que afirmó que sus recursos están en riesgo por los embargos judiciales que se presentan contra la entidad.
Del mismo modo, la entidad se ha referido a los procesos legales en su contra ante las autoridades y a los demandantes, en medio de la crítica situación financiera que atraviesa, aunque los estados financieros de 2023, 2024 y 2025 continúan siendo un misterio para el país.
Por otro lado, contra la entidad se han ejecutado embargos judiciales por cerca de 2,1 billones de pesos, derivados de las demandas presentadas por aproximadamente 95 IPS en los tribunales del país, quienes reclaman el pago de los servicios prestados a los afiliados de la EPS.
Más detalles
En el comunicado, la EPS reconoció que “Esos recursos tienen un impacto importante en la prestación de servicios de salud y el flujo de recursos hacia la red prestadora y gestores farmacéuticos a nivel nacional. En este momento la entidad tiene bloqueadas cuentas bancarias y recursos retenidos por parte de las diferentes fuentes de financiación”.
Ahora es tan bajo el flujo de recursos que la compañía solo cuenta con los recursos correspondientes al giro directo que llega de forma semanal para seguir en operación.
Los problemas financieros de la entidad de salud con mayor número de afiliados del país no son recientes: hace tres años que la compañía no presenta sus estados financieros, se encuentra bajo intervención del Gobierno nacional y ha absorbido a muchos usuarios de EPS que fueron liquidadas anteriormente.
Las clínicas e instituciones médicas están suspendiendo la atención a sus afiliados, mientras que las empresas farmacéuticas también han detenido la entrega de medicamentos debido a los incumplimientos de pagos por parte de la entidad.
“Si los embargos continúan, la operación de Nueva EPS se verá gravemente afectada y podría dejar de funcionar administrativamente. Además, esto repercute en la sostenibilidad financiera, no solo de la EPS, sino también de una red de aproximadamente 5.000 prestadores en todo el país, muchos de los cuales dependen en gran medida de Nueva EPS”, señaló la entidad.
Nueva EPS criticó que cerca del 80 % de los embargos hayan sido impuestos por instituciones privadas. De igual forma, cuestionó a los tribunales por embargar recursos de la UPC que considera “inembargables”.
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